Por Manuel Pulgar-Vidal, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)
Teniendo cintura para bailar a ritmo de Conga
En la primera mitad del siglo pasado el Trío Matamoros de Cuba popularizó la canción “Vámonos pa’ la conga” sumándose, muchas décadas después, el argentino Ricardo Montaner, quien haría bailar a muchos con una canción cuya letra decía: “Vamos negro pa’ la conga, mira que quiero arrollar…”.
En el Perú, Conga representa un importante proyecto minero, ubicado en las provincias de Celendín y Cajamarca el que, cual alegre ritmo de baile tropical, obligará al gobierno a tener una ágil y cimbreante cintura para no verse arrollado por la conga.
¿Flujo o sequía?
El proyecto minero representa un gran dilema para el recién estrenado mandatario, y su gabinete y enfrenta dos posiciones, bastante polarizadas. Por un lado, considerando que la inversión para el desarrollo del proyecto sería de 4 mil 800 millones de dólares, quienes lo apoyan consideran que paralizarlo, generaría una lenta, pero segura, sequía de flujo de nuevas inversiones en nuevos proyectos, lo que además se vería agravado por la época de vacas flacas financieras a nivel mundial.
Por el otro, considerando que para el desarrollo del yacimiento se requiere transvasar el agua de cuatro lagunas hacia tres reservorios, los que se oponen al proyecto consideran que llevarlo a cabo implicaría la pérdida de recursos hídricos superficiales y de aquellos que fluyen al acuífero subterráneo, aunque la empresa sostenga que los reservorios almacenarán más del doble del volumen que actualmente tienen las lagunas. Es un debate entre sequía – de recursos financieros y recursos naturales – o flujo garantizado de ambos.
¿Bailamos?
En este escenario el gobierno ya empezó a bailar conga, teniendo como parejas a los que expresan ambas posiciones y que se mueve cada una a su propio ritmo.
El primer paso se dio cuando se dispuso la visita de tres ministros del actual gabinete -energía y minas, ambiente y agricultura- orientada a calmar la demanda de los pobladores locales. Luego vendrían los anuncios públicos formulados por el Ministro Giesecke de Ambiente, anunciando la eventual revisión del estudio de impacto ambiental que había sido aprobado por el Ministerio de Energía y Minas durante el gobierno pasado. Esta posición, que puede representar políticamente una buena señal, genera reparos de aquellos que creen que no existen los mecanismos para proceder en ese sentido.
El segundo movimiento de cintura fue el anuncio del Presidente con ocasión de la conferencia de prensa de los primeros 100 días de gobierno, en donde señaló que “lo que se ha firmado va, pero si hay un malentendido hay que dialogarlo y resolver las dudas e incertidumbre”, con lo cual parecía inclinarse hacia el desarrollo del proyecto bajo ciertas condiciones.
¿Inversión vs inclusión?
No se sabe cuál será el tercer paso, pero se estima puede ser determinante ya que el bailarín, es decir el gobierno, tiene la opción de mover la cintura hacia un lado, negando la inversión o el otro, yendo en contra de la inclusión, siendo que en ambos casos generaría posiciones encontradas e interpretaciones diversas. Para encontrar el ritmo y poner a todos al mismo son, le toca al gobierno intentar llegar a la fuente real del conflicto y plantear respuestas estructurales, como medio para prevenir situaciones más extremas.
Leyendas urbanas
De lo que se trata es de eliminar los prejuicios y las frases de cliché que históricamente se han instalado en el imaginario colectivo. No a la minería porque destruye y es contaminante y sólo trae pobreza; las comunidades tradicionales viven en completa armonía con la naturaleza y su intervención no es destructiva; la minería moderna no contamina; las comunidades son lideradas por extremistas de izquierda que quieren agudizar las contradicciones; y otras de similar contenido.
Minería e impacto
Se trata de encontrar puntos de equilibrio. La minería, incluso la ahora denominada moderna, genera impactos significativos y el rol del Estado y la obligación de las empresas es reducir, minimizar y evitar dichos impactos. El incumplimiento de esta obligación debe estar sujeto a sanciones claras y medidas disuasivas y la privación del título de concesión a quien se resista a cumplir las exigencias ambientales y sociales debe ser una alternativa a considerar.
Conservación
Por su lado, el territorio requiere áreas a ser conservadas, por las funciones ecológicas que ellas puedan prestar. Esta conservación no debe limitarse a las áreas naturales protegidas y corresponde al Estado determinar con claridad estas zonas y las condiciones en relación a las actividades económicas en ellas.
Punto medio
De igual forma, la sociedad tiene que ser consciente de que las actividades humanas, todas, generan impactos y que el acuerdo debe pasar por consensuar cuál es el impacto que estamos dispuestos a aceptar. Por ello existen los límites máximos permisibles de contaminación; por ello se elaboran estudios de impacto ambiental; para eso se crean los instrumentos de gestión ambiental y por ello luchamos para fortalecer la institucionalidad ambiental.
Ante ello, para entender el problema hay que reconocer que Conga refleja en síntesis una serie de añejos problemas y complicadas tramas:
•Desde el punto de vista ambiental refleja la incapacidad que hemos tenido para tomar decisiones sobre conservación de ecosistemas y áreas frágiles, más allá de tan sólo pensar que debemos hacerlo en áreas naturales protegidas. Refleja la poca confianza que representa el estudio de impacto ambiental como instrumento preventivo y de identificación real de impactos.
•Refleja también el rechazo a tener en la misma autoridad que promueve la actividad a quien aprueba los estudios ambientales.
•Pone en evidencia el rol marginal de los gobiernos regionales en relación a los proyectos de mediana y gran minería, lo que hace que sus representantes se pongan en la vereda de la protesta y casi nunca en la vereda del Estado. Plantea la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental, dándole elementos para hacer cumplir las leyes, con fiscalización real y sanción efectiva a quienes no están dispuestos a cumplir.
•Para un inversionista refleja también la incapacidad del Estado de definir con claridad las reglas y condiciones a las que se debe someter una inversión si pretende ser responsable. Sean las que fueren. El inversionista exige reglas claras, tener procedimientos establecidos, instancias definidas y mecanismos para promover la participación y el debate, abierto y transparente. Reclama, a su vez, un Estado que cumpla con su tarea de cubrir las necesidades básicas inmediatas de los pobladores y no que las deje a la suerte y gestión de las empresas.
¿Qué hacer?
Ante este escenario de conflictividad y, con ocasión de la instalación de la edición número 95 de la sesión del Acuerdo Nacional y el anuncio de la designación de Javier Iguíñiz como su Secretario Ejecutivo, el Presidente Humala planteó la necesidad de una mega-consulta a nivel nacional en temas tales como el ordenamiento territorial.
Intentado con ello generar las bases para un mayor entendimiento y para alcanzar un clima de paz social. Pero este anuncio, valioso, viniendo de la máxima autoridad política del país, no debe ser malinterpretado o reducido a una simple discusión para contar con una ley de ordenamiento territorial.
Y es que si bien puede contribuir en la búsqueda de soluciones, de no hacerse de manera profunda y realista, puede resultar tan insuficiente como el gravamen minero que muchos pensaron era el mecanismo ideal para evitar la conflictividad. Y está claro que se equivocaron.
El baile de los que no sobran
Un debate adecuado pasa por discutir asuntos de gran relevancia como: ¿cuál debe ser el rol del Estado como titular del dominio sobre los recursos naturales? ¿Qué condiciones, ambientales y sociales mínimas debiera el Estado imponer a las inversiones y cómo hacerlas exigibles? ¿Cómo podemos eliminar la conflictividad que genera la relación entre derechos sobre el suelo y derechos sobre los recursos del subsuelo? ¿Cómo podemos enfrentar la realidad que nos presenta continuamente un potencial de recursos superpuestos en las mismas áreas del territorio? ¿Quién debe ser la autoridad para resolver casos de superposición y quién debe generar la información que genere credibilidad entre los distintos actores? ¿Cómo podemos fortalecer el rol de los gobiernos regionales haciendo que cumplan un rol como entidad del Estado?, entre otros temas centrales.
Sólo si somos capaces de balancear una solución consensuada alrededor de Conga y con ello somos a su vez capaces de iniciar un verdadero debate nacional sobre los temas antes planteados, el baile será armonioso y rítmico y no como en la conga, con piernas en alto.
Fuente: Infoandina
En los últimos años se han posicionado en nuestro medio términos como “licencia social” o “inversión social”, frases no halladas en la normatividad pero que sobrentiende a la decisión o permiso de la población ante tal o cual actividad o al financiamiento de activos o servicios para bienestar de la población, respectivamente. 
