CONGA Y LA “JUSTICIA AMBIENTAL” – Parte II
El síndrome NIMBY “Not in mybackyard” (no en mi patio trasero) es una consecuencia que advierte una creciente sensibilidad de la población respecto a temas relativos a la conservación del entorno y la calidad de vida frente a la localización de actividades no deseables. El concepto de justicia ambiental, pretende evitar el impacto desigual o desproporcionado de las amenazas ambientales sobre los grupos de población más desaventajados y, por tanto, más vulnerables.
La larga tradición de estudios sobre la percepción social de los riesgos ambientales ha demostrado que el síndrome NIMBY constituye una reacción de naturaleza compleja en la que se combinan el miedo por el deterioro ambiental y económico, la desconfianza ante industrias e instituciones y el sentimiento de ser víctimas de un tratamiento injusto en el proceso de selección de localizaciones. Claramente, el sentimiento de injusticia espacial tiene un papel protagonista en el rechazo de la población ante la toma de decisiones en actividades conflictivas. Los ciudadanos, tras preguntas tipo “¿Qué pasará aquí?”, manifiestan su derecho a un proceso de decisión transparente, a conocer los criterios que se han adoptado para la ubicación de las mismas. Una nueva dimensión en la percepción social del problema aparece cuando se comprueba que se ha dado un caso de injusticia ambiental, debido a que las actividades o infraestructuras nocivas se concentran en zonas deprimidas o marginadas (a nivel económico, político, demográfico o territorial) o donde se concentran comunidades o poblaciones indígenas, desde ya vulnerables. En ese sentido, se puede plantear que en un contexto competitivo por captar inversiones que reactivaran la economía local y generaran empleo, existiría una percepción muy arraigada a creer que las localidades en proceso de desarrollo son las mejores “candidatas” para recibir este tipo de actividades conflictivas.
Con frecuencia, la consulta pública en este tipo de zonas ha demostrado una opinión favorable a aceptar la ubicación de instalaciones peligrosas si ésta conlleva una política de compensaciones suficiente. En todo caso, ese tipo de soluciones exige un proceso de negociación con los afectados acompañado de una política de comunicación transparente sobre el riesgo. Sin embargo, esto es un proceso que si en su momento no se ha fortalecido y la población ha perdido la confianza puede tener resultados desalentadores. Por consiguiente se hace necesaria primero recuperar la confianza en las poblaciones tanto por el sector privado que debe demostrar responsabilidad así como por el Estado que debe demostrar transparencia y vocación de servicio que evidencie que realmente está trabajando en elevar la calidad de vida en la población.
Por: Dante García Jiménez
