El ordenamiento territorial la más efectiva herramienta para gestionar adecuadamente los conflictos socio-ambientales
De acuerdo al reporte de conflictos sociales de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, se registra que los conflictos de tipo socio-ambientales ocupan el 57% (125 de 220 casos) del total de conflictos registrados en el mes de noviembre. De tendencia similar, también se registró que durante el mes de noviembre del total de los conflictos activos, el 68% (102 de 151 casos) corresponden a conflictos del tipo socio-ambiental. Lo que en líneas generales evidencia la persistencia mayoritaria de los conflictos socio-ambientales.
La creciente tendencia de circunstancias conflictivas ambientales registrada en los últimos tiempos nos muestra que la forma de apropiación, exploración, uso y regulación de los recursos naturales como base material del desarrollo, son percibidos por las poblaciones como cuestiones decisivas, vinculadas a las necesidades y sentimientos de la inter-dependencia de los recursos naturales para el sustento y construcción de su futuro. De otro lado, una perspectiva de interés particular pero en un sentido diferente, es sostenida por los agentes promotores de los intereses geopolíticos y económicos de los grandes inversionistas.
Al necesitar las actividades humanas un soporte territorial, éste se convierte en un bien codiciado para distintas funciones. Uno de los ejemplos más vivos del conflicto que genera el intento de utilización del espacio se personifica en el antagonismo entre los intereses empresariales y los comunitarios del caso Conga, donde se pone en evidencia que los cuerpos de agua no tienen el mismo valor para los pueblos indígenas, que para los grupos empresarios que impulsan los emprendimientos de actividades extractivas en áreas relacionadas a estos cuerpos de agua.
De este modo, en todo proceso de significación y uso del territorio, confrontan diferentes proyectos, sentidos y fines, y en esa confrontación hallamos la génesis de los conflictos ambientales.
Para poder manejar y gestionar adecuadamente los conflictos socio-ambientales urge la necesidad de organizar nuestro territorio mediante procesos de Ordenamiento Territorial participativos. La Política Nacional del Ambiente menciona entre sus objetivos alcanzar el ordenamiento del uso y ocupación del territorio nacional, mediante la ZEE en un marco de seguridad jurídica y de prevención de conflictos. Asimismo los lineamientos de política para el ordenamiento territorial contemplan que la orientación estratégica del desarrollo nacional debe partir de una visión integral que contribuya a resolver los problemas del centralismo, la pobreza, marginación, desigualdades y exclusión promoviendo el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, para el desarrollo sostenible del país.
Es decir, que los procesos de zonificación económica y ecológica son instrumentos ágiles que identifican las potencialidades y limitaciones del territorio, dando como producto lineamientos y recomendaciones de uso del territorio, pero no tiene carácter regulatorio ni de definición de los usos. Mientras que los Planes de Ordenamiento territorial, se constituyen en instrumentos de planificación y gestión de desarrollo integral que regulan y definen los procesos de organización sostenible del territorio a nivel local, regional y nacional pero integrados a los planes ambientales, de desarrollo económico, y social. Estos planes se formulan básicamente según la realidad de cada zona y son sobretodo procesos participativos que se construyen sobre la base de la zonificación ecológica económica. Los Planes de ordenamiento territorial deben abordar entre sus componentes el uso del territorio y de los recursos naturales, la zonificación ecológica económica, la ocupación del territorio, la demarcación territorial y la promoción de fuentes de inversión.
En Junín urge la aplicación de la zonificación ecológica económica (proceso que inició el año 2009) ya que la información técnica-científica generada debe ser empleada para la planificación, gestión y toma de decisiones de los sectores público, privado y sociedad civil; y como insumo principal del plan de ordenamiento territorial regional con la finalidad de no sólo tratar de abordar desequilibrios del pasado sino de proyectar el territorio al futuro con criterios de previsión de potenciales crisis ambientales que podrían darse no solo con la implementación de proyectos privados extractivos como el caso de Toromocho en Yauli-La Oroya, sino también por el desarrollo de proyectos públicos como el caso del embalse Yanacocha en Chupaca o de los proyectos de infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en toda la Región.
Por: Elizabeth Oré N.
