CONGA Y LA “JUSTICIA AMBIENTAL”- Parte I

CONGA Y LA “JUSTICIA AMBIENTAL”- Parte I

EIA y “licencia social”

En los últimos años se han posicionado en nuestro medio términos como “licencia social” o “inversión social”, frases no halladas en la normatividad pero que sobrentiende a la decisión o permiso de la población ante tal o cual actividad o al financiamiento de activos o servicios para bienestar de la población, respectivamente.

Parece ser que el adjetivo “social” se yergue ante la falta de vigor normativo por el lado positivo o ante la manipulación por el lado negativo cuando existen intereses encontrados.

Las normas actuales de participación ciudadana quizá sean el medio para dirigirse a la “licencia social”. Si es así, no se entiende porque el EIA del Proyecto Conga a pesar de ser aprobado aún tiene conflictos con la población. Por “manipulación” o “intereses personales” manifiestan algunos, por “viveza” en la aprobación del estudio manifiestan otros, lo cierto es que en nuestra sociedad ambas hipótesis no podrían ser rechazadas. Creemos que existe la manipulación de personajes para satisfacer sus propios intereses, políticos en muchos de los casos, y en algunas instituciones, valgan verdades, no existe la transparencia para la aprobación de un estudio que simplemente es “arreglado” bajo la mesa. Sería recomendable preguntar si para desarrollar los estudios del proyecto minero se habrá tomado como referencia por ejemplo el estudio de Zonificación Económica y Ecológica desarrollado por el Gobierno Regional de Cajamarca y que fue revisado por el Ministerio del Ambiente.

¿Intereses encontrados o preocupación ambiental?

Detrás de la “presión” por ejecutar el proyecto Conga de parte del Gobierno, ayudado de la gran mayoría de medios de comunicación, existe la justificación de la rentabilidad financiera por canon, regalías, entre otros, que pueden servir para la “inversión social”. Se desarrollaron sendos debates de esta problemática fuera del sitio, en muchos casos, por que no se conoce la realidad de las comunidades y sus vecinos mineros. Basta con visitar algunas comunidades aledañas a un proyecto minero para entender que no se materializa una mejora de la calidad de vida por más divisas que deja esta actividad. Bajo este enfoque es de esperar que las poblaciones rurales no crean en una mejora para sus hogares cuando avizoren empresarios mineros alrededor de sus tierras y recursos, ya que a veces ni la mano de obra es de la zona. Entonces, ¿en que se beneficia la comunidad cercana? No incluyo al gobierno local y menos al regional que no siempre tienen la capacidad para aprovechar recursos devenidos de estas actividades para invertirlos eficazmente a favor de la población. ¿Se beneficia el Gobierno Central?, posiblemente, ya que a pesar de la tan anhelada descentralización, el grueso de las divisas van a parar a ese nivel de gobierno en contratos, sueldos, etc. que están precisamente en una ciudad a miles de kilómetros del riesgo ambiental que supone la implementación de esa actividad minera. Es fácil decir que se puede poner en riesgo las inversiones cuando no se está en el lugar de los hechos, mucho menos cuando no perteneces al grupo que necesita superar la pobreza.

Algo que es innegable es el impacto de las actividades mineras sobre el entorno natural, impactos que pueden ser fuertes, moderados o leves, pero impactos al fin y al cabo. No olvidemos que la dinámica del entorno natural es sistémico, es decir, no esperemos afectar algo sin que afectar a todo lo que dinamiza con ello. De ahí que muchos, y me incluyo, no compartamos la modificación de un sistema acuífero natural.

Dice el Criterio de Pareto sobre la gestión de proyectos que: “La situación con proyecto es preferible a la situación sin proyecto si al menos alguien está mejor en la situación con proyecto pero nadie está peor”. Pero para el caso Conga este criterio de evaluación social no se satisface, ya que mientras el sector privado puede mejorar mucho, la mejora en las comunidades es casi imperceptible o hasta empeora por la afectacion a sus recursos y eso nos lleva a pensar si realmente existe “justicia ambiental”...

Por: Dante Garcia J.